El Gobierno acuerda con La Laguna sufragar los arreglos de impermeabilización de las 1.002 viviendas de Visocan en el municipio

El alcalde José Alberto Díaz y la directora del Instituto Canario de la Vivienda, Pino de León, afirman que “no habrá ningún desalojo por falta de recursos

El Gobierno anuncia que eliminará la obligación de estar al corriente del pago de la renta y de la comunidad para poder acceder a la ayuda al alquiler, lo que se extenderá a todas las viviendas de Visocan de Canarias

El Ayuntamiento de La Laguna y el Ejecutivo canario han hecho público el acuerdo alcanzado mediante el cual el Gobierno regional adquiere el compromiso de financiar con 1,5 millones de euros los arreglos de impermeabilización de las 1.002 viviendas que forman parte de las 12 promociones de vivienda pública de titularidad de Visocan que hay en el municipio.

El alcalde, José Alberto Díaz, explicó hoy que “el 16 de noviembre de 2015 se constituyó una mesa de seguimiento de vivienda pública, a instancia mía e integrada por los representantes de las distintas promociones de vivienda pública del municipio, la Corporación local, el Gobierno de Canarias y la empresa Visocan, con el objetivo de acordar actuaciones de mejora de la habitabilidad en beneficio de los residentes en estos inmuebles, recabando sus aportaciones y poniendo en común las necesidades para determinar las prioridades”.

Desde entonces se han celebrado cinco reuniones de estas mesas de seguimiento, en las que “se ha acordado una inversión del Gobierno canario de 1,5 millones de euros para los trabajos de impermeabilización, que se llevarán a cabo entre este año y 2018”. Al margen de esta inversión se prevé realizar otras actuaciones para la mejora de las viviendas, cuyo importe es de unos 3,8 millones de euros, incluido los 1,5 millones de la impermeabilización, para lo que se requerirá una inversión plurianual.

No obstante, el alcalde se congratuló de la predisposición y sensibilidad del Gobierno de Canarias y destacó “su defensa de derechos, de que no se produzca ningún desalojo, ningún desahucio, pues es clave y fundamental el derecho a la vivienda”. Asimismo, “agradeció el buen hacer de los vecinos en las mesas de trabajo”, a la vez que resaltó que “somos el único municipio que ha construido viviendas sociales en época de crisis”.

Por su parte, la directora del Instituto Canario de Vivienda, Pino de León, felicitó al alcalde por llevar a cabo un trabajo basado en la participación ciudadana y puso a “La Laguna como ejemplo de foro de comunicación y participación que hay que extrapolar a otros municipios”.

En ese sentido, precisó que el Gobierno canario “nunca se ha planteado lanzar a las familias de sus viviendas, que se ha evaluado cada situación y que si es manifiesto el impago por falta de recursos, el Ejecutivo no va a desahuciar a nadie”.

Ese fue uno de los acuerdos prioritarios que se ha materializado a través de esta comisión de seguimiento, impulsado ya desde la primera reunión en 2015, es decir, la no ejecución de desahucios por causas económicas en estas viviendas, estableciéndose que se estudiará cada caso de manera individual. De hecho, en los últimos dos años no se ha producido ningún desahucio en viviendas públicas en La Laguna, tal y como se comprometieron los responsables del municipio y del Gobierno de Canarias.

Modificación de decreto

Por otro lado, Pino de León anunció de que ha dado la orden de modificar el decreto para que el hecho de estar al corriente de la rentas y del pago de la comunidad de vecinos deje de ser un requisito para que las familias puedan renovar las ayudas al alquiler que presta el Ejecutivo canario. De León indicó que esta medida que ha sido reivindicada desde el Ayuntamiento de La Laguna para las 1.002 viviendas que Visocan tiene el municipio, pero que será extensivo para toda Canarias, es decir, para las 4.500 familias de todo el Archipiélago. “Lo han reivindicado los vecinos y es de sentido común”, agregó.

Se da la circunstancia de que la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda cubre una gran parte de la renta del alquiler de las viviendas de Visocan, mientras que un mínimo porcentaje lo paga el inquilino, que debe certificar estar al corriente del pago de la la renta y la comunidad para poder acceder a dichas ayudas al alquiler. El problema se genera cuando la unidad familiar no puede afrontar su parte del pago, ya que en estos supuestos, el Gobierno tiene fijada por decreto la suspensión de las ayudas, debiendo el inquilino pagar la totalidad del importe del alquiler.

Por ello a petición del alcalde de La Laguna, el Gobierno de Canarias ha adoptado el compromiso de eliminar el requisito de estar el corriente de los pagos para poder renovar las ayudas, evitando así que las familias con dificultades económicas tengan que afrontar un alquiler más elevado.